Fernando Vll

El 4 de mayo Fernando VII decreta ilegales las Cortes de Cádiz, y su obra legislativa posterior, fundamentalmente la Constitución de 1812.

Muy pocas son las personas que manifiestan su hostilidad al monarca tras el decreto de 4 de mayo. Hay que tener en cuenta que la constitución de 1812 no beneficiaba en absoluto a los campesinos, ya que les quitaba la propiedad jurisdiccional de las tierras que les permitía hacer un uso usufructuario de las mismas, sin perjuicio de los impuestos que tenían que pagar al noble. Por esta razón, el campesinado apoyó a Fernando VII y posteriormente a su hermano Carlos que representaba la opción antiliberal. Tras la derogación de la constitución de 1812 (la Pepa), los militares liberales son trasladados y arrestados en África; y los disturbios en Madrid, de poca entidad, son acallados rápidamente por el ejército. Se restablece el Consejo de Castilla, se destituye a los alcaldes, se restablecen las capitanías generales, regresa la Compañía de Jesús, se reaviva la Inquisición y se persigue a los afrancesados. Sin embargo, los campesinos no obtuvieron las ventajas que pretendían, y la nobleza acaparó la propiedad plena de la tierra, con lo que el campesino se convertía en un asalariado a partir de la promulgación de la constitución del 19 de marzo de 1812 que ya no se derogaría en este sentido. Esta reforma sobre la tierra benefició a la nobleza y sobre todo a la burguesía. Fernando VII nunca la derogó. Por todo ello, los campesinos pusieron al final sus esperanzas en la causa carlista.

En España, no existe una revolución burguesa como en el resto de Europa. En España, hay una burguesía temerosa de la revolución y cuya mayor aspiración es adquirir un estatuto nobiliario. La burguesía española se alía con la nobleza y nunca con el campesinado que es el que, en realidad, tenía la fuerza para apoyar una revolución burguesa.

Algunos pronunciamientos liberales se sucedieron a lo largo de estos años contra el absolutismo fernandino, pero sin éxito: Espoz y Mina en 1814, Díaz Porlier en 1815 y el general Lacy en 1817 fueron los más destacados.

Sin embargo, el 1 de enero de 1820, el coronel Rafael de Riego en Las Cabezas de San Juan junto a otros oficiales liberales proclama la Constitución de Cádiz. El movimiento se debilita y en marzo está al borde del fracaso, pero en Galicia se producen varios levantamientos que se unen proclamando también la vigencia de la Constitución gaditana. El efecto es seguido en diferentes puntos de España. El 7 de marzo, los sublevados y el pueblo ocupan los aledaños del Palacio Real de Madrid por lo que el rey se ve obligado a aceptar la Constitución.